La red Caputo–Bausili: del sector financiero al centro de las decisiones públicas

Detrás de la conducción económica argentina existe algo más que una suma de funcionarios. Hay relaciones profesionales de larga duración, experiencias compartidas en bancos internacionales, sociedades privadas, una consultora que reunió a buena parte del equipo y un programa de reformas preparado antes de llegar al poder.

La pregunta periodística no es si conocerse o haber trabajado juntos constituye un delito: claramente no. La pregunta es cómo se administran los intereses privados cuando quienes los tuvieron pasan a decidir sobre deuda, moneda, regulación financiera, grandes inversiones y condiciones de acceso a divisas.

Para responderla, Apophis Investiga reconstruyó registros societarios, declaraciones juradas, antecedentes de la Oficina Anticorrupción, documentos judiciales, actuaciones del Ministerio Público Fiscal, normas oficiales, expedientes regulatorios, información del Banco Central y debates del Congreso. El resultado no confirma una teoría única. Muestra una red real, conflictos que requieren control y varias acusaciones que no alcanzaron el mismo nivel de prueba.

El núcleo que existía antes del Gobierno

Luis Caputo y Santiago Bausili no comenzaron a trabajar juntos en diciembre de 2023. Ambos desarrollaron parte de sus carreras en grandes entidades financieras internacionales y compartieron funciones públicas durante el gobierno de Mauricio Macri. Más tarde integraron el universo empresarial y profesional de Anker.

En septiembre de 2023, antes de la elección presidencial, los registros de Anker Gestión S.A. ubicaban a Bausili como presidente, a Caputo como vicepresidente y a Martín Vauthier, Federico Furiase y Felipe Berón dentro de la conducción. Después del cambio de gobierno, esa red se trasladó parcialmente al Estado.

El traslado de equipos completos del sector privado a la administración pública es frecuente en distintos gobiernos. Puede aportar coordinación y experiencia. También puede producir homogeneidad de criterios, concentración de poder y conflictos si los controles institucionales resultan insuficientes.

Anker: sociedad privada, capital y continuidad de intereses

La documentación societaria examinada muestra que una asamblea de Anker Gestión celebrada el 25 de marzo de 2024 —cuando Bausili ya estaba al frente del BCRA— aumentó el capital de la compañía. Después de esa operación, Bausili quedó con aproximadamente el 51% y Anker Latinoamérica con cerca del 49%.

Caputo declaró, a su vez, una participación del 50% en Anker Latinoamérica. La cadena importa porque permite ver que el vínculo previo no fue solamente personal o ideológico: también existió una arquitectura societaria verificable.

Bausili, Pampa Energía y la obligación de mirar las abstenciones

Las declaraciones juradas permiten reconstruir una inversión relevante de Bausili vinculada con Pampa Energía. Durante 2026, proyectos del grupo accedieron al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. El Banco Central participa técnicamente en estos procedimientos debido a cuestiones cambiarias y financieras.

La coexistencia de una inversión privada y una intervención institucional del organismo presidido por el inversor configura una pregunta legítima de ética pública. Pero el análisis de expedientes mostró que el BCRA produjo intervenciones técnicas semejantes en proyectos de otras compañías. Eso debilita la idea de que toda participación del organismo equivalga a una decisión personal de Bausili.

No encontramos evidencia pública suficiente para afirmar que el presidente del BCRA haya ordenado aprobar un proyecto de Pampa, ni que haya diseñado el RIGI para esa empresa. Tampoco encontramos publicada una abstención específica en esos expedientes. La falta de publicación no permite afirmar que no exista una actuación interna.

El antecedente de la Oficina Anticorrupción

En actuaciones anteriores, la Oficina Anticorrupción analizó intereses financieros de funcionarios y señaló deberes de abstención ante asuntos particulares vinculados con empresas en las que existían participaciones. Ese antecedente no prueba una infracción actual, pero confirma que el problema no es una invención retórica: el sistema de ética pública contempla expresamente la prevención de conflictos.

El punto central no es prohibir que un funcionario haya tenido inversiones. Es determinar si declaró correctamente sus intereses, si se apartó de decisiones particulares cuando correspondía y si existe documentación accesible que permita controlar ese apartamiento.

Axis y el dinero previsional del FGS

Caputo participó en la creación de Axis y presidió la administradora antes de regresar al Estado durante el gobierno de Mauricio Macri. En 2016, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES realizó inversiones en Axis Ahorro Plus.

La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social denunció esas operaciones. El cuestionamiento principal fue económico e institucional: el FGS podía comprar directamente varios de los instrumentos que componían el fondo, mientras que hacerlo mediante un vehículo administrado por una empresa relacionada anteriormente con Caputo agregaba comisiones de administración y custodia.

La denuncia constituye un hecho verificable. También lo son las operaciones investigadas. Pero una denuncia fiscal no equivale a una sentencia. La documentación revisada para esta nota no permite presentar a Caputo como condenado por este episodio.

Bausili, Deutsche Bank y la causa por negociaciones incompatibles

Este antecedente merece un tratamiento separado. Bausili había trabajado en Deutsche Bank antes de incorporarse a la Secretaría de Finanzas. La investigación judicial examinó su participación en operaciones de deuda pública en las que intervino esa entidad y el hecho de que continuara recibiendo pagos diferidos en acciones después de dejar el banco.

En abril de 2021 fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública y se dispuso un embargo. En 2023 volvió a ser procesado después de nuevas actuaciones, pero la Cámara Federal revocó esa decisión y dictó falta de mérito. Posteriormente, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas recurrió y la Cámara Federal de Casación hizo lugar a la queja, dejando abierto el examen judicial.

Es importante describir correctamente esta secuencia: hubo procesamiento, revocaciones, falta de mérito y una intervención posterior de Casación. No corresponde convertir esa trayectoria procesal en una condena firme ni afirmar que el expediente nunca existió.

Noctua, Affinis, Princess International y el bono a cien años

Los Paradise Papers y registros financieros de Estados Unidos relacionaron históricamente a Caputo con estructuras como Princess International Global, Affinis Partners y Noctua. El debate público se concentró en si esas relaciones debían aparecer en sus declaraciones juradas y si podían cruzarse con operaciones de deuda realizadas mientras era funcionario.

Caputo sostuvo que algunas posiciones respondían a funciones fiduciarias o nominales y que no representaban propiedad económica personal. Investigaciones periodísticas y presentaciones judiciales cuestionaron esa explicación a partir de documentos que describían funciones de administración o control.

La emisión argentina de un bono a cien años en 2017 añadió otra capa: fondos relacionados con ese universo aparecieron vinculados con la compra de títulos. La existencia de los documentos, las sociedades y la emisión es comprobable. Para afirmar un delito, sin embargo, debía probarse propiedad económica, omisión dolosa, uso de información reservada o un beneficio obtenido mediante una intervención funcional concreta.

Paseo Gigena: un negocio privado sobre suelo público

Anker Latinoamérica participó como organizador financiero del fideicomiso Dorrego y Libertador, vinculado con Paseo Gigena, un desarrollo de oficinas, locales y estacionamiento levantado sobre terrenos públicos de la Ciudad de Buenos Aires. El vehículo obtuvo financiación mediante títulos y certificados de participación por decenas de millones de dólares.

La investigación original también siguió una obra costosa para desviar cañerías maestras de agua que interferían con el proyecto. La hipótesis inicial era comprobar si esa intervención podía relacionarse con el retorno de Caputo al Gobierno nacional.

La cronología contradijo esa sospecha: el compromiso para financiar el traslado se había originado durante la administración porteña de Horacio Rodríguez Larreta, antes de la actual gestión nacional. Esto no clausura el debate sobre el valor de la concesión, la distribución de costos o el aprovechamiento privado del suelo público. Sí impide atribuir aquella decisión a Caputo desde su cargo actual.

RIGI: de una demanda sectorial a una modificación normativa

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por largos períodos. Por eso, cualquier ampliación puede producir ganadores concretos y debe seguirse desde el origen de la demanda hasta la aprobación de los proyectos.

Durante 2025 hubo pedidos públicos del sector petrolero para incluir inversiones upstream. El gobernador de Neuquén planteó formalmente la ampliación al Gobierno nacional. En febrero de 2026 se modificó el marco y luego distintas empresas utilizaron la nueva posibilidad. Entre los proyectos aprobados apareció Rincón de Aranda, de Pampa Energía, con una inversión anunciada de miles de millones de dólares.

Esta secuencia demuestra influencia sectorial sobre la agenda. No demuestra por sí sola captura regulatoria. En una democracia, empresas, sindicatos, provincias, universidades y organizaciones sociales buscan incidir en las reglas. La evaluación periodística debe preguntar quién participó, qué argumentos fueron considerados, si hubo alternativas y quién obtuvo finalmente los beneficios.

Sturzenegger y las reformas preparadas antes de asumir

Federico Sturzenegger trabajó antes de las elecciones de 2023 en un programa amplio de reformas, derogaciones y desregulaciones asociado inicialmente a una eventual presidencia de Patricia Bullrich. Después de que Bullrich quedara fuera del balotaje, parte de ese trabajo confluyó con el programa de Milei y con el proceso que desembocó en el DNU 70/2023, la Ley Bases y medidas posteriores.

El dato modifica la lectura de los primeros meses de gobierno. Muchas decisiones no surgieron improvisadamente después de la asunción: existían equipos, diagnósticos, borradores y objetivos previos. Esa preparación puede interpretarse como capacidad técnica y coherencia programática. También vuelve relevante identificar quiénes participaron en la elaboración y qué intereses tuvieron acceso al proceso antes que el público y el Congreso.

Un Banco Central conducido “en comisión”

La página oficial del Banco Central identifica a Bausili y a otros miembros de la conducción como autoridades “en comisión”. Esa fórmula significa que fueron designados por el Poder Ejecutivo para ejercer mientras se tramita el acuerdo del Senado.

En marzo de 2026, Martín Vauthier fue designado director del BCRA en reemplazo de Furiase, quien pasó a la Secretaría de Finanzas. La rotación volvió a mostrar el movimiento interno de un mismo núcleo profesional entre Economía y el Central.

El estado “en comisión” no vuelve ilegítimo el ejercicio del cargo: es un mecanismo previsto institucionalmente. Pero el acuerdo legislativo no es un detalle ceremonial. Es el control diseñado para que una autoridad monetaria con enorme capacidad de decisión no dependa únicamente de la voluntad presidencial.

La reforma de la Carta Orgánica y la disputa por los controles

En septiembre de 2026, Bausili y otras autoridades defendieron ante el Senado una reforma de la Carta Orgánica del BCRA. El oficialismo presentó el proyecto como una forma de reforzar la independencia y cerrar mecanismos de financiamiento monetario al Tesoro. La oposición cuestionó aspectos del diseño institucional, especialmente las reglas de designación y remoción de autoridades.

La discusión toca el centro de esta investigación: un Banco Central puede ser más independiente del Poder Ejecutivo y, al mismo tiempo, quedar menos expuesto a controles democráticos si sus autoridades adquieren protección sin un sistema equilibrado de rendición de cuentas. La independencia técnica no elimina la necesidad de transparencia; la vuelve más importante.

El oro del Banco Central

Durante la exposición legislativa, Bausili confirmó que reservas de oro trasladadas al exterior fueron depositadas en el Banco de Pagos Internacionales, en Suiza. Argumentó que la operación permitió certificar y hacer productivo el activo y sostuvo que los detalles debían mantenerse bajo reserva para evitar riesgos operativos.

La controversia aumentó cuando la Auditoría General de la Nación diferenció la aprobación de estados contables de la auditoría específica sobre la trazabilidad del oro. Según la información pública conocida, ese análisis todavía estaba en proceso y el BCRA había demorado el acceso a documentación requerida.

Senadores opositores presentaron un proyecto para volver a citar a Bausili y reclamaron información sobre el traslado. También se anunciaron denuncias. Esas presentaciones son actos institucionales y políticos verificables; no prueban por sí mismas pérdida, apropiación ni delito.

Cronología de una red económica

¿Son los “Chicago Boys argentinos”?

La comparación puede ser útil si se limita a la estructura de poder técnico. Los Chicago Boys chilenos compartían formación, una visión económica, redes profesionales y un programa previo. Cuando ocuparon posiciones estatales tuvieron capacidad para ejecutar liberalización, apertura, privatizaciones y reducción de la intervención pública.

En la Argentina actual también existe un núcleo con vínculos anteriores, ideas compatibles, preparación programática y migración hacia puestos estratégicos. El origen, sin embargo, es más financiero y profesional —con un componente académico— que el de la red chilena clásica.

La diferencia política es fundamental y no puede esconderse: los Chicago Boys aplicaron buena parte de su programa bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Javier Milei fue elegido Presidente mediante elecciones democráticas. Argentina conserva Congreso, oposición legal, Poder Judicial, gobiernos provinciales, libertad política y alternancia electoral.

Hay una distinción adicional que también debe explicarse. La ciudadanía eligió a Milei; no eligió individualmente por voto popular a Caputo, Bausili, Sturzenegger, Furiase, Vauthier ni Berón. Como ocurre en los sistemas presidenciales, fueron designados posteriormente a través de mecanismos institucionales.

Eso no vuelve ilegítimos sus cargos. Sí justifica examinar con mayor atención los controles aplicados a una élite técnica que no recibe un mandato electoral individual pero concentra poder para modificar reglas económicas de largo alcance.

Qué está probado

• Existieron relaciones profesionales y societarias anteriores entre integrantes centrales del equipo.
• Varios miembros de Anker pasaron a ocupar cargos estratégicos en Economía y el BCRA.
• Hubo inversiones privadas declaradas, actuaciones administrativas sobre abstenciones y expedientes judiciales vinculados con gestiones anteriores.
• Axis recibió inversiones del FGS que fueron denunciadas por una unidad fiscal.
• Caputo fue relacionado documentalmente con estructuras offshore y negó que representaran intereses económicos personales omitidos.
• Anker participó en el financiamiento del vehículo de Paseo Gigena.
• Actores empresariales y provinciales impulsaron modificaciones del RIGI que luego fueron utilizadas por compañías del sector.
• El oro del BCRA fue trasladado al exterior y persiste una disputa sobre la transparencia y el alcance de las auditorías.

Qué no está probado

• Que el equipo económico constituya una organización criminal.
• Que Bausili haya ordenado personalmente favorecer a Pampa en un expediente RIGI.
• Que una reforma haya sido redactada clandestinamente y exclusivamente para una sola compañía.
• Que Caputo haya decidido desde el Gobierno nacional financiar el traslado de cañerías de Paseo Gigena.
• Que el oro haya desaparecido o sido apropiado.
• Que toda relación previa o inversión privada se traduzca automáticamente en corrupción.